Derecho a la participación

El derecho de la ciudadanía a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser elegido y a tener acceso a la función pública, ha sido establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y jurídicamente garantizado y protegido por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Estos principios, comúnmente conocidos como “derechos de participación”, han sido definidos por el Comité de Derechos Humanos de la ONU que supervisa la aplicación del Pacto. El Comité ha establecido de manera explícita los componentes básicos del artículo 25, cómo debería ser implementado, su importancia para una sociedad democrática, y quién tiene la responsabilidad de su ejecución. El artículo 25 del Pacto reconoce y protege el derecho y la oportunidad de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho a votar y a ser elegido y el derecho a tener acceso a la función pública.[1]

Pero para una efectiva participación se requiere, necesariamente, el respeto del conjunto de derechos humanos, son indivisibles e interdependientes, en tanto que no existen categorías de derechos, pues la violación de un derecho genera, en mayor o menor medida, la violación de otros derechos. Por tanto, no basta con que el Estado garantice la participación política, sino que, a la vez, debe garantizar los demás derechos para evitar que el derecho a la participación se vea vulnerado por vía indirecta.

Esta interdependencia ha sido reconocida por los Estados en la Declaración y Programa de Acción de Viena, donde se indica que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. (…) La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo entero [2]

Se otorga al pueblo el derecho de elegir a sus propias afiliaciones políticas, sus representantes oficiales, su gobierno, y una constitución. Estas opciones y “el derecho de las personas a participar en los procesos (…) constituyen la dirección de los asuntos públicos”, dice el Comité.

La dirección de los asuntos públicos se refiere al ejercicio del poder político, en particular, el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo. Cubre todos los aspectos de la administración pública y la formulación y aplicación de políticas en los planos internacional, nacional, regional y local.

Se aplica a toda la ciudadanía sin discriminación alguna por motivos de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra”.

Las personas participan directamente en la gestión de los asuntos públicos al ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos u ocupar cargos ejecutivos. También participan directa o indirectamente en la elección de los representantes locales, el parlamento, el jefe del Estado y en las consultas nacionales o referendos, por ejemplo, de adoptar o modificar la constitución.

Las asambleas populares establecidas para tomar decisiones sobre asuntos locales y de representar los intereses de una comunidad en particular, en consulta con el gobierno de contar con la participación directa de los ciudadanos. También se puede participar a través del debate público y el diálogo.

Algunos grupos tienen dificultades para expresar sus opiniones o participar en la vida pública de sus comunidades. Por razones de discriminación por motivos de raza, sexo y religión, entre otros y debido a la falta de acceso a la educación, no han podido ejercer su derecho a participar o tan plenamente como los demás.

El Derecho a la participación ciudadana en los asuntos del Estado se asocia a los fenómenos de la democracia y la gobernabilidad de los sistemas políticos, teniendo en cuenta que un régimen democrático supone la existencia de mecanismos de participación ciudadana en el ejercicio del poder y en los asuntos públicos, y por otra parte, la gobernabilidad de un sistema político está condicionada, entre otros factores, por la capacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas sociales y para mantener la estabilidad y el consenso político, lo cual solo es posible si existen elevados niveles de participación popular.

Los modelos de desarrollo vigentes hasta el momento se basan en una relación vertical entre Estado y sociedad, que no toma en cuenta ni valora la participación. El divorcio entre autoridad electa y sociedad civil es un freno para la planificación concertada y para la gestión integrada del territorio.

La relación entre el poder constituido y la organización comunitaria debiera ser de colaboración, suponiendo un reconocimiento mutuo de la existencia del otro y un respeto a la naturaleza y prerrogativas de cada cual.

El pleno ejercicio del Derecho a la Participación, plantea pues, una relación horizontal entre Estado y sociedad que llamaríamos gobernanza territorial intersectorial y multinivel.

[1] Naciones Unidas:”El derecho a la participación”

Of. Del Alto Comisionado , América del Sur, 6 de dic.de 2012, Santiago de Chile

[2] Benales Ballesteros, Enrique: “Derecho Humano a la participación política”

Rev. La Gaceta Jurídica, 30 de agosto de 2013)